En un momento en que tanto se habla del reto climático, de la España vaciada y de la necesaria vertebración del medio rural, es necesario, “más que nunca”, afirman, tener en cuenta al sector agrario, porque sin él no será posible acometer los retos que la sociedad demanda.
Desde ASAJA, COAG y UPA se pretende que las Administraciones competentes tomen conciencia de la gravedad del problema y se pongan en marcha verdaderas políticas de apoyo a un sector estratégico de nuestra economía, que además contribuye de forma esencial al mantenimiento del medio rural y el espacio natural.
La situación es de tal gravedad que la Asamblea Regional de Murcia solicita una acción urgente y coordinada por parte de las Administraciones y de la cadena agroalimentaria en su conjunto y manifiesta su apoyo a las movilizaciones de los agricultores y ganaderos para exigir:
Precios justos: los agricultores y ganaderos no obtienen un precio justo por sus productos que les permita alcanzar una mínima rentabilidad. El motivo: el desequilibrio de la cadena agroalimentaria, a lo que hay que añadir la gran problemática que genera la subida de los costes de producción, que no tienen capacidad de trasladar al precio de sus productos. Es necesario que se adopten medidas compensatorias para poder hacer frente a la continua subida de los inputs agrarios que afectan a la totalidad de las producciones.
Acabar con los abusos de la distribución: a pesar de que la rentabilidad de agricultores y ganaderos está bajo mínimos, siguen produciéndose prácticas comerciales abusivas y desleales que además, redundan en la banalización de nuestros productos. Urge modificar la Ley de la Cadena Alimentaria para hacerse más exigente con los que abusan, con un mayor control de las prácticas comerciales de la gran distribución, desde el cumplimiento de los contratos que se firman hasta perseguir y evitar la venta a pérdidas, entre otros muchos aspectos.
Impedir la competencia desleal de terceros países: es necesario realizar un control exhaustivo de las importaciones procedentes de terceros países para garantizar que se cumplen con las mismas exigencias fitosanitarias y de producción, que se controlen contingentes y el etiquetado fraudulento de producto de origen extracomunitario.
Contar con agua para regadío de calidad, en cantidad suficiente y a un precio razonable: se trata de un elemento imprescindible para garantizar el mantenimiento del regadío existente, por lo que debe estar garantizado a futuro, debiendo además acometerse inversiones y generación de nuevas infraestructuras que permitan sustanciar el déficit hídrico de la Cuenca del Segura y aminorar las incertidumbres de uno de los principales motores económicos y de empleo de la Región de Murcia.
Por unos pueblos vivos frente a la despoblación: sin agricultores y ganaderos no solo no habrá alimentos, tampoco habrá medio rural vivo y con futuro. La desaparición de agricultores y ganaderos agravará el problema de despoblamiento y hará más difícil afrontar el reto demográfico de buena parte de nuestra Región.
Por el reconocimiento de la función medioambiental del sector agrario: Las explotaciones agrícolas y ganaderas están asumiendo las nuevas limitaciones y las continuas exigencias medioambientales en sus procesos productivos sin que estos nuevos costes de producción sean compensados por el mercado ni por las políticas agrarias. Reclamamos una TRANSICIÓN JUSTA, apoyada en el rigor agronómico, técnico y científico, que reconozca la contribución medioambiental del sector agrario (lucha contra la desertificación y contra los incendios, sumidero de CO2, prácticas agrarias sostenibles...), remunere los nuevos costes y facilite una sostenibilidad ambiental, económica y social que no expulse a agricultores y ganaderos de su actividad.
Por una PAC justa: nos encontramos en pleno debate para definir la Política Agraria Común para los próximos años y aquí agricultores y ganaderos, medio rural y consumidores nos jugamos mucho. La PAC debe contar con un presupuesto suficiente acorde a la importancia que tiene esta política para toda la sociedad de la UE. Debe dirigirse hacia los profesionales del campo, y abordar una verdadera regulación del mercado agroalimentario para evitar crisis en los sectores agrarios y abusos que afectan a los consumidores.